Distrito Nacional. Según fuente de alto crédito de este medio de comunicación, el día 26 del mes de noviembre del 2019, por ante la Fiscalía del Distrito Nacional, fue depositada otra instancia contentiva de una querella con constitución en actor civil, contra los imputados Jorge Luis García Delgado, Miguel Alberto Surun Hernández y Manuel Emilio Galván Luciano, por violación a los artículos 59, 60, 147, 148, 265, 266 y 258 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 121 y 122 de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana y el artículo 1 de la Ley 111 sobre emisión de exequátur.
La querella fue impuesta por el abogado Lic. Richard Peña García, en nombre y representación del querellante y víctima, que alega fue perjudicado y perseguido por el imputado Jorge Luis García Delgado, quien actuaba como supuesto abogado, en nombre y representación del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), su presidente Miguel Alberto Surun Hernández, Manuel Emilio Galván Luciano, de los Jueces del Tribunal Disciplinario, de la Fiscalía del Colegio y de la Junta Directiva Nacional, es decir, ese falso abogado representanta a medio mundo del colegio de abogados.
Según el relato factico de la querella, el imputado Jorge Luis García Delgado, hacia y ejercía, todo tipo de acciones, penales, civiles, administrativas, judiciales, disciplinarias y de otras índoles en representación y complicidad de los demás co-imputados Miguel Alberto Surun Hernández, Manuel Emilio Galván Luciano y nunca nadie le pedía el carnet, pero a los otros abogados si, lo que llamó la atención de los que litigaban con él, y un día decidieron investigar, solicitando certificaciones, tanto en el colegio de abogados, como en la consultoría jurídica de la presidencia, donde emiten el exequátur ¿y cuál fue el resultado de la investigación ? Dos certificaciones que constan como pruebas, una marcada con el número 0680 de fecha 7 de noviembre del 2019, emitida y firmada por la consultoría jurídica de la presidencia, que da cuenta ¨que en esta consultoría jurídica no reposa decreto alguno que autorice al señor Jorge Luis García Delgado a ejercer profesión alguna¨ o sea no solo este, no poseía decreto como abogado, sino de ninguna profesión, lo que corrobora con la certificación marcada con el número (CARD-2019), conseguida de manera inadvertida por el CARD, quien por el afán de dinero la emitió sin darse cuenta y que establece ¨que a nombre del señor Jorge Luis García Delgado, no existe registro alguno de que este registrado como abogados del CARD¨, lo que tipifica la usurpación de funciones y títulos, así como la complicidad para quien patrocine, oculte y promueva la práctica del ejercicio de la abogacía sin la debida previsión del exequátur, juramentación y carnet, según lo ordena la Ley 3-19 y una asociación de malhechores formada, y falsedad en escritura privada y pública.
Ante de todo esto, la victima que fue perseguida por el imputado Jorge Luis García Delgado (falso abogado), que también es abogado, le pidió a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que le requiera el carnet al representante del los co-imputados Miguel Alberto Surun Hernández, Manuel Emilio Galván Luciano a consecuencia de otro proceso penal que le conoce la corte penal a estos, la corte se lo requirió, no lo presentó y le ordenaron bajar del estrado, según lo establece una sentencia incidental de esa corte penal dominicana. La Ley 3-19 sanciona con penas de 2 a 3 años de cárcel a los que sin serlo se presenten como abogados de los tribunales de la República.
La querella también solicita al Ministerio Público, apoderar el juzgado de la instrucción, para que le imponga a cada uno de los imputados, la prisión preventiva, como medida de coerción anticipada por la gravedad de los hechos cometidos por estos, la calidad que ostentaban al momento de fraguar la asociación de malhechores.
Con esta ya son más de 10 las querellas, demandas y denuncias interpuestas contra algunos de estos imputados, por diferentes hechos penales, según los denunciantes y el ministerio público no ha reaccionado, por lo que ahora depositarán una copia en la Organización de Estados Americanos (OEA), ante la embajada de los Estados Unidos y otros organismos internacionales y lo pondrán a conocimiento de FIA.
Según abogados consultados por este medio, los hechos puestos a cargo de estos imputados son muy serios y graves, y que producirá sus consecuencias aunque sean lejanas, razón por la cual pidieron al Procurador General de la República actuar antes que sea demasiado tarde.
Fuente: Respuestaprocesal.com
