De acuerdo con el sondeo divulgado por la firma Datafolha, una de las de mayor prestigio en el país, mientras que un 63 % aprueba la posibilidad de que la jefa de Estado sea sometida al juicio político, un 33 % se opone a esa posibilidad y un 4 % se abstuvo de responder o no supo hacerlo.
Los 2.834 electores de 171 municipios interrogados por Datafolha entre el jueves y el viernes de esta semana se pronunciaron contra la mandataria al ser cuestionados sobre si consideran que "¿el Congreso debe abrir un proceso político para destituir a la presidenta considerando todo lo que se conoce hasta ahora del escándalo en Petrobras?".
El gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera estatal, investigado desde hace más de un año, ha ganado dimensión en los últimos días con la apertura de investigaciones a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas, que supuestamente recibieron sobornos de miles de millones de dólares desviados de la petrolera.
Según Datafolha, el 57 % de los interrogados considera que Rousseff sabía de los desvíos y no hizo nada para evitarlos, un 26 % cree que la mandataria conocía el problema pero no podía hacer nada para evitarlo y sólo un 12 % considera que la jefe de Estado desconocía lo ocurrido en Petrobras.
Pese al deseo de que el Congreso le abra un juicio político, un 64 % de los encuestados cree que Rousseff no será destituida frente a un 29 % que confía en la destitución.
Datafolha divulgó su nueva encuesta en vísperas de las protestas contra el Gobierno y la corrupción convocadas por las redes sociales en decenas de ciudades brasileñas por los mismos grupos que se dicen independientes de los partidos y que movilizaron a cerca de dos millones de manifestantes el 15 de marzo pasado.
Estos grupos, que se manifiestan decepcionados con el Gobierno, cansados con la corrupción y preocupados con la amenaza de recesión en Brasil, esperan movilizar el domingo un número superior al que atrajeron en su primera jornada de protestas.
De acuerdo con la encuesta divulgada hoy, el 75 % de los brasileños apoya esas protestas contra el Gobierno frente a un 19 % que las desaprueba y un 5 % que se dice indiferente.
El descontento con la situación hizo que por primera vez los brasileños calificaran a la corrupción como uno de los problemas más graves del país.
Mientras que en enero pasado, a comienzos del segundo mandato de cuatro años de Rousseff, el 31 % consideraba la salud como el principal problema del país, un 16 % la seguridad y un 12 % la educación, esta semana los calificados como mayores problemas fueron la salud (23 %), la corrupción (22 %) y la educación (10 %).
Por otro lado, la encuesta mostró que el índice de aprobación de Rousseff se estacionó en el 13 %, su peor nivel desde que asumió la Presidencia por primera vez, en enero de 2011.
Mientras que un 13 % de los encuestados califica positivamente su Gobierno, el mismo porcentaje que hace un mes, un 60 % lo desaprueba, por debajo del 62 % de rechazo medido en marzo.
El índice de aprobación de la jefe de Estado es el menor para un presidente brasileño desde el fin de la dictadura (1985) con excepción del 9 % que tenía Fernando Collor en 1992, cuando el Congreso le abrió un juicio político que terminó con su renuncia al mandato.
Rousseff completó el viernes los primeros 100 días de su segundo mandato no sólo con su popularidad en mínimos históricos sino también acosada por los escándalos de corrupción, presionada por sus disputas con el Congreso y contra la pared por la situación económica del país.
El descontento con el Gobierno, según analistas, también ha sido generado por el deterioro de la economía, que sólo creció un 0,1 % el año pasado y puede sufrir una contracción del 1 % este año, según los últimos pronósticos de los economistas.
El Gobierno anunció un profundo ajuste fiscal, con la reducción de incentivos fiscales y el recorte de gastos, para hacer frente a esa coyuntura negativa, agravada por la subida de la inflación interanual a su mayor nivel en diez años, la escalada del dólar a su mayor valor en una década, el aumento del desempleo y el déficit récord en las cuentas públicas el año pasado.
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