El procesamiento judicial de los sobornados y demás implicados en el país en el caso Odebrecht se hará en República Dominicana y solamente se permitirá que los directivos y empleados de esa empresa sean juzgados en Brasil, descartándose así la posibilidad de que se extradite a dominicanos.
La intención de la Procuraduría General de la República es que se establezca un precedente con una sentencia en laque caiga todo el peso de la ley contra aquellos que resulten culpables de haber recibido sobornos por parte de Odebrecht, según informó una fuente de entero crédito ligada a la investigación.
La fuente garantizó que la Procuraduría General de la República no permitirá extradiciones y que sólo aceptará que los directivos y empleados de Odebrecht sean juzgados en esa nación, pero no así los demás que de una forma u otra puedan resultar implicados durante el curso de la investigación.
“El procesamiento judicial de los sobornados y cualquier otro implicado se hará en República Dominicana. Solamente los empleados y directivos de Odebrecht serán juzgados en Brasil”, afirmó la fuente de forma categórica, en reacción a una información que da cuenta que las autoridades de Brasil buscan que la Procuraduría (de ese país) se manifieste sobre la posibilidad de que los crímenes cometidos en el exterior por Odebrecht, que envuelven a personal público o privado, sean juzgados en esa nación.
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Las investigaciones sobre el caso no se detuvieron en Semana Santa y este lunes prosiguieron con el cruce de datos de documentos e informaciones obtenidas por diferentes vías.
El último en ser interrogado fue la semana pasada el exministro de Hacienda y exgobernador del Banco de Reservas, licenciado Vicente Bengoa, quien admitió que durante su gestión se firmaron varios acuerdos con Odebrecht.
Sin embargo, dijo que “no recordaba” fechas ni montos de los contratos de construcción que manejó Odebrecht durante su gestión en Hacienda.
Bengoa, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2011, aclaró que fue a partir de 2006 cuando el Ministerio de Hacienda empezó a tomar parte en la decisión sobre los contratos de infraestructuras públicas.
Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
Como parte del proceso han sido interrogados exlegisladores y actuales, incluido el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez.
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