Obispos: Si no se Castiga la Corrupción no se Puede Espera Uso Honesto de Recursos del Estado.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) pronosticó que una ley que despenalice el aborto, en cualquier circunstancia, será inconstitucional y cuestionó “la irregularidad” con la que los legisladores aprobaron el Código Penal.

En su mensaje con motivo a la celebración, el 27 de Febrero, del 171 aniversario de la Independencia Nacional dado a conocer ayer, la CED señaló que la Cámara de Diputados aprobó “un texto confuso que deja el tratamiento del problema a una futura ley especial”, que si se llegara a elaborar, también sería inconstitucional.

“Nos conforta que la Fundación Matrimonio Feliz y otras instituciones hayan recurrido al Tribunal Constitucional para que se declare inconstitucional aquellos artículos del Código Penal que apoyan o dejan abierta la posibilidad del aborto.

Reiteramos, en nombre de la justicia y la paz, nuestro pleno apoyo a esta defensa de la vida”, destacó el mensaje titulado “Que la justicia y la paz se encuentren”.

La aprobación del Código en diciembre pasado, destacó la CED, puso en tela de juicio no solo la labor del Poder Legislativo, sino la independencia de los poderes del Estado. “La población percibe que todos los poderes están sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido. Además, cada cuota de poder institucional es utilizada para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales”, indicó la CED. “Nos preocupa también que la pieza fuera aprobada de manera irregular en la Cámara de Diputados creando mucha desconfianza y desprestigio del Poder Legislativo”. 

Las relaciones con Haití

La Conferencia mencionó la necesidad de reencauzar las relaciones internacionales, principalmente con Haití. “Una contribución nuestra -del Estado dominicano- será retomar las acciones coordinadas de ambas naciones”. En ese sentido, la CED abogó por el fortalecimiento de la Comisión Mixta Bilateral, la regularización del comercio en la isla y la aplicación de una Ley Migratoria con la colaboración de ambos países.

Asimismo criticó que “múltiples sectores involucrados” obstaculicen la ejecución de las Ley 169-14 sobre Naturalización y el Plan de Regularización de Extranjeros puestos en marcha para legalizar la situación de los ilegales en el país. La CED mencionó que las autoridades haitianas son deficientes para documentar a sus ciudadanos y los “contratistas locales, públicos y privados normalmente no desean proveerlos de documentación que atestigüe sus vínculos laborales y con la cual puedan demostrar su arraigo en el territorio nacional”. 

Institucionalidad y corrupción

La CED manifestó que “la inexistencia de la transparencia de los fondos públicos” lleva a mucha gente a preguntarse si se usa adecuadamente el dinero de todos. Asimismo destaca que de no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la población un uso honesto de los bienes públicos “ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana”, apuntó.

Sobre el “Pacto Eléctrico”

Asimismo identificó al “Pacto Eléctrico” que actualmente se debate como una manifestación del vacío de institucionalidad del país y, además, la CED dijo que genera la idea de que los derechos ciudadanos dependen de un grupo de “expertos” que se ponen de acuerdo en sesiones cerradas. 

Sugiere aumento salarial a la Policía

La Conferencia también dijo que la inseguridad ha contaminado al cuerpo responsable de combatirlo. “La policía es percibida por la población más como una amenaza que como una aliada”. En este sentido, dijo que se hace “urgente” la renovación de los organismos de seguridad y esto implicaría que el Gobierno mejore significativamente el salario de la Policía Nacional y de los demás cuerpos armados y dotarlos de los instrumentos y recursos requeridos para responder a tiempo en su labor de protección a la ciudadanía.

Exhortan a médicos a presionar las ARS

“La salud no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”. Ante este planteamiento, los religiosos hicieron un llamado a los profesionales de la salud para que revisen su política profesional de aceptación de los seguros médicos.

Asimismo llamó a los galenos a presionar organizadamente a las Administradoras de Riesgos de Salud -ARS- para que mejoren la cobertura y la puntualidad en los pagos de los servicios.